Entre asesinatos y atropellos avanza la movilización indígena en Colombia

La masiva movilización congregará unos 30 mil indígenas que, desde la semana pasada, han sido víctimas de asesinatos y abusos por parte de la Fuerza Pública. La marcha busca atención frente a los acuerdos burlados por el gobierno y detener el asesinato de los líderes indígenas. La protesta, que se ha extendido a 16 de los 32 departamentos, ha sido criminalizada por el gobierno. Marlitt Pusecc, Consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca, habló con YVKE, y alertó sobre el riesgo de un genocidio.


En Colombia, como en el resto de América Latina, los indígenas no sólo han sido excluidos, expropiados y vejados. Ellos, sobre todo, han hecho parte del olvido. Un olvido conveniente y estratégico. Una desmemoria absoluta y malintencionada, que permite que los indígenas no existan para el resto de la sociedad.

Aunque estaban acá primero, no lo recordamos. Aunque a lo largo de 516 años casi los extinguimos, la historia ayer y los medios hoy lo explican y validan como algo natural, una forzosa medida frente a los salvajes. Aunque los convertimos a una fe infame con un cielo sin puertas, no nos percatamos del infierno en el que los dejamos. A pesar de que acá y ahora son y siguen estando, desterrados en sus resguardos, no los vemos, no los oímos, no nos importan.

En otras partes de la región, muchos pueblos originarios han venido elevando su voz y haciéndose sentir. En Bolivia, un indígena rige los destinos del país, claro está, en medio de la oposición más férrea. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, es un ejemplo de resistencia, y con sus movilizaciones masivas ha puesto y depuesto presidentes.
En un país en el que las voces disidentes, distintas o minoritarias son negadas a sangre y fuego, los desgraciados indígenas colombianos han sido víctimas del asesinato selectivo de sus líderes, de las masacres y de la violencia de los actores armados de un conflicto consuetudinario, que campea por sus territorios.

“NO MÁS”
Después de mucho silencio y de aguantar tanta miseria, los indígenas en Colombia están diciendo “no más”. No más incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos logrados, no más violación de sus territorios por parte de las multinacionales y del propio gobierno, no más asesinatos, atropellos ni sindicaciones. Basta de Plan Colombia, Plan Patriota, o más planes apátridas.

“Son muchas cosas, muchos incumplimientos y problemas, los que han llevado al movimiento indígena a decir “no más” y a levantarnos nuevamente”, afirma Marlitt Pusecc, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRI), en entrevista concedida a YVKE.
“Y por querer defender nuestros derechos, hemos sido atropellados por la fuerza pública y por el propio presidente, cuando en un consejo comunitario manifiesta que los indígenas somos terroristas. A partir de esa sindicación, han sido asesinados muchos líderes”.

PRONTURARIO DE ASESINATOS

Más de 1200 indígenas han sido asesinados durante los 6 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya relación exacta, con nombres y fechas, esperan poder leerle al presidente el próximo lunes, o cuando se digne recibirlos, si lo hace.

17 de esos crímenes fueron cometidos durante el último mes. Hace apenas 20 días, fue asesinado un exconsejero del CRI. Según indagaciones hechas por los propios indígenas, ocho de esos crímenes han sido cometidos por la fuerza pública, cuatro por los paramilitares, uno por la guerrilla, los otros por autores desconocidos. Las llamadas fuerzas oscuras, que son tan claras.
Sólo durante este mismo gobierno, se estiman en 55 mil los indígenas desplazados, 400 mil sin acceso a tierras y 18 pueblos enteros en peligro de extinción.

LA MINGA INDÍGENA NACIONAL

La Minga Indígena Nacional no pretende otra cosa que avanzar hacia el país posible y necesario. Se trata de un mecanismo, “para establecer un camino sólido, desde los pueblos, para construir y desarrollar una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto”.

La Minga es un grito desesperado para la defensa de la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las comunidades indígenas.
Unos diez mil indígenas y campesinos, partieron desde el sitio La María, en el municipio Piendamó, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país, hacia Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, capital del vecino departamento del Valle del Cauca.

En el camino han seguido sumándose miles de indígenas, en una audiencia que crece más y más, y que espera reunir finalmente más de treinta mil indígenas.
“La marcha que estamos realizando la hacemos también para dar a conocer el atropello de que somos víctimas por defender nuestros derechos. ”, señaló Marlitt Pusecc a YVKE. “Queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el trato que nos están dando, como terroristas, y denunciar que va a haber un genocidio acá en Colombia contra nosotros los indígenas”.

Los días 14, 15 y 18 de este mes, la fuerza pública arremetió de una manera desmedida y brutal contra los indígenas congregados en La María. Como parte de la movilización, los indígenas bloquearon la vía Panamericana, que conduce de la ciudad de Popayán, capital del Cauca, a Cali. Lo que era una marcha pacífica, se volvió una batalla campal, cuando la policía intentó desalojar la vía por la fuerza.

“En el momento contamos con 120 heridos, la mayoría con arma de fuego, y dos compañeros muertos, también con arma de fuego. Seis compañeros perdieron la vista. Y ocho familias, indígenas y campesinas, fueron desalojadas por la fuerza pública. Quemaron sus viviendas y lo que tenían, y quedaron en total desamparo”, dice Marlitt.
Víctor Meléndez, delegado de la Defensoría del Pueblo en el Cauca, calificó de “desproporcionada” la actitud de la fuerza pública.

LA PALABRA ACORRALADA

A esta represión abierta, y al hermetismo y las tergiversaciones de los poderes mediáticos, se agrega el modo torpe con el que se trató de silenciar los exiguos medios de comunicación del movimiento indígena.
“Cuando hubo más abuso de la autoridad, y estábamos pidiendo solidaridad, nos quitaron la energía en La María y en los sectores desde donde tratábamos de difundir lo que estaba pasando”, afirma Marlitt Pusecc. “Nuestras páginas en Internet se cayeron. Los correos electrónicos y los celulares fueron bloqueados. Nos querían dejar incomunicados”.

La situación motivó un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el que expresaba su preocupación por estos hechos, y solicitó a las autoridades “que se aclare lo sucedido con los medios comunitarios del Cauca”.

EL FONDO DE LA RESISTENCIA

Un punto fundamental del reclamo de los indígenas tiene que ver con el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos adquiridos previamente.
“Han habido masacres cometidas por la fuerza pública, llevadas a instancias nacionales e internacionales, que obligan al gobierno a cumplir con indemnizaciones a las familias y a las comunidades, y el gobierno no ha cumplido”, expresó Marlitt Pusecc.

No se trata, en esencia, como lo explica la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un documento reciente, “de negociar nada nuevo, sino de que se dé cumplimiento a lo convenido”.

Frente a masacres cometidas por el propio estado, entre 1991 y 2005, se celebraron 13 Acuerdos, en los que el Estado Colombiano se comprometió a reparar, individual y colectivamente, a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca.

El Presidente Ernesto Samper pidió perdón público por la masacre de El Nilo. Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que los indígenas tuvieron que recurrir al no lograr justicia en el país y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos, recomienda al Estado, desde el año 2000, cumplir con los compromisos relativos a la reparación integral.

El propio gobierno actual se comprometió, en 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años.
Pero la larga lista de masacres continúa sin enmienda. Masacres como, por ejemplo, la de la Hacienda El Nilo, con 20 indígenas masacrados, en 1991; la del río Naya (límites entre los departamentos de Cauca y Valle), con más de un centenar de muertos, la mayor parte indígenas, en 2001; la de Gualanday (municipio de Corinto), con 13 indígenas asesinados, en 2001, o la de San Pedro (municipio de Santander de Quilichao), con 7 indígenas asesinados, también en 2001.

El gobierno del presidente Uribe no sólo no ha cumplido con los acuerdos, sino que ha promulgado leyes en contravía de los mismos, y se ha valido de toda clase de artilugios para desautorizar cualquier reclamo de las comunidades indígenas.

Otro punto de la agenda tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. “Sabemos que en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos, por lo que proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de ese país”, sostienen los indígenas.

La denominada “Legislación de Despojo” es otro tema de la agenda. La misma Corte Constitucional declaró inexequible la Ley Forestal. Los indígenas exigen que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas, y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa, sean derogadas. Un verdadero desafío para el presidente Uribe, y, como lo señala el columnista Alfredo Molano, “el mayor alzamiento que haya cuestionado sus políticas —de seguridad democrática, tierras y aguas— y sus planes electorales”.

Ante la amenaza que les significa el propio estado, los indígenas plantean la necesaria intervención y la presencia de una comisión internacional, que pueda asumir funciones concretas, para que se dé respuesta real a su gravísima situación, y solicitan la coordinación del Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD

“Y le pedimos al presidente el resarcimiento del buen nombre del movimiento indígena. Que no nos nombren como terroristas, ni nos vinculen con los grupos guerrilleros. Queremos dejar esto muy en claro, porque no es así. Y hoy las vidas de quienes representamos a las comunidades están amenazadas, nos sentimos en peligro.

Somos un movimiento donde velamos por los derechos de quienes representamos. Que nos traten con la dignidad y el respeto que nos merecemos”, terminó indicando la Consejera del CRI, Marlitt Pusecc.
La Organización Nacional Indígena de Colombia y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca han presentado una acción de tutela contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, y el General Freddy Padilla de León, como comandante del Ejército, por la violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad de los pueblos indígenas que participan en la Minga.

El manejo autoritario de esta crisis y el trato déspota hacia unos interlocutores a los que se subestima o considera indignos, se ejemplifica en los continuos palos de ciego dados por el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, adalid de la oligarquía colombiana, y personaje muy estimado y querido para los Estados Unidos.

En la misma tónica en la que el ministro sale apresurado a calificar de atentados de las Farc los “falsos positivos” del estamento militar que él mismo orienta, Juan Manuel Santos sembró en el aire la duda de que estas marchas eran financiadas con recursos internacionales.

A esto, señala Marlitt Pusecc, que “claro que nosotros hemos pedido y estamos pidiendo solidaridad. Necesitamos que nos colaboren con recursos, víveres, agua, medicamentos, que es lo que esencialmente necesitamos. Son 6 días y una cantidad grande de personas marchando. Así que, aunque la responsabilidad de la marcha está en las propias comunidades, pedimos la solidaridad de instituciones y de ONG´s, del país o de afuera”.

Y en verdad que no puede ser de otra manera. No se trata de las marchas uribistas, en las que, al igual que en las campañas presidenciales, van y vienen, y a montones, los dineros lícitos y más bien ilícitos de los grupos económicos, de la oligarquía, del paramilitarismo, y, mejor dicho, del uribismo.

Estamos hablando de marchas indígenas, mejor dicho, de marchas de pobres. Pobres entre los más pobres. En una condena irremediable para el campo, los campesinos y con ellos los indígenas, a la que el propio Juan Manuel Santos contribuyó desde su posición como ministro de Hacienda, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y durante 9 años como delegado en Londres ante la Organización Internacional del Café (OIC), poniendo en marcha las políticas neoliberales que ahora escandalizan a sus mismos responsables.

El ministro Santos, en otro ex abrupto, sin que le temblara un músculo de la cara, le exigió a los indígenas disculpas ante los policías heridos en los enfrentamientos. Bien lo respondió el diario colombiano “El Espectador”, en su editorial del domingo anterior, al sostener que “iguales razones, pensarán, tienen ellos (los indígenas) para exigir disculpas de parte de quienes los confrontan violentamente y estigmatizan”.

Y LA MINGA SIGUE

La marcha continúa ahora, en medio de los abusos de la Fuerza Pública, cuyos coroneles pregonan la orden de no abrir fuego, aunque los videos caseros de los celulares evidencien otra cosa. Los indígenas siguen adelante, avanzando masivamente por el Sur Occidente, hacia el propio corazón de Colombia, aunque la mayor parte de los medios masivos vuelvan sus titulares hacia “la realidad del país”, donde ellos irremediablemente no figuran. O se los reseñe apenas para afirmar que se están matando ellos mismos, como en el caso de Elver Ilitro, citando la incuestionable Agencia Nacional de Noticias Policiales (Annp). Una agencia independiente, de policías inocentes.

En la Minga, los indígenas le apuestan cada paso a este lema: ¡El estado de conmoción no apagará la voz del pueblo y el clamor de la madre tierra! Y uno no puede dejar de pensar: Ojalá no tengan que apostarle también la vida que les queda.
Las Crónicas de Indias sólo tuvieron la mirada de los conquistadores. ¿Hasta cuándo la conquista y la colonización que aún se hace de los territorios indígenas seguirá teniendo apenas la perspectiva de Uribe y sus congéneres?

Juan Alberto Sánchez Marín
Yvke

foto C.Ortega

Uribe se compromete con la OTAN en el envío de tropas a Afganistán

Dignidad cero

En otra muestra de cipayaje sin límites, Uribe salta todos los marcos de la dignidad nacional al comprometerse con EE.UU. y la OTAN en la guerra sucia contra el pueblo afgano.

La información filtrada hoy por el diario español El País, señala que Madrid acolita la misión reafirmando a Colombia ante Washington. Las fuentes citadas por el medio español destacan el interés de Uribe de participar en las operaciones en Afganistán, que sufre desde septiembre de 2001, la más feroz arremetida de 14 potencias bajo el remoquete acuñado por doctrina Bush de “lucha contra el terrorismo”. La medida de Colombia supone, según El País, “una ayuda impagable” a España, metida hasta los tuétanos, contra el querer del pueblo ibérico, en los asuntos de otra nación, lejana a sus fronteras y cultura.

Uribe continúa así el vergonzoso papel de Colombia como sirviente de la Casa Blanca, contribuyendo con sus tropas o su posición, en cuanta aventura se embarca dándole una apariencia de paz a los peores actos de guerra: la agresión a Corea en 1952, el envío de militares al Sinaí en 1980 (que aun continúan allí) para apuntalar los planes de Camp David contra el pueblo palestino, el rechazo a respaldar a la Argentina en 1981 en la guerra de las Malvinas, el apoyo incondicional a la invasión norteamericana a Irak en 2002.

¿Qué futuro les puede esperar a los invasores de Afganistán, de la laya que sean, en aquellas tierras ajenas donde crece la resistencia patriótica en defensa de los intereses nacionales?

Una franca derrota como la que sufren a diario en el suelo iraquí. No hay duda que el paso de Uribe va marcado por el más oportunista cálculo político.

Toma esta decisión ahora y no antes porque ve cercano un posible triunfo demócrata en la Casa Blanca con un Obama que muestra cada vez más su talante agresor contra los pueblos del medio oriente. Hace solo un par de semanas Obama visitó Kabul, la capital afgana, prometiendo reforzar la presencia militar de la OTAN “hasta poner fin al terrorismo de Al Khaeda”.

Obama, como Zapatero, no tendrá como pagar estos “desinteresados” servicios del mejor agente de los intereses imperiales que haya pasado por la Casa de Nariño. Y valen dos preguntas finales. ¿Uribe ya se siente el monarca todopoderoso que sin la autorización del Congreso, como ordena la Constitución, decide a mutuo propio, el envío de tropas a una nación extranjera, vinculándose en acciones de estrategia global que no conciernen a los intereses de América Latina? Y bajo la misma óptica, ¿será posible que las 10 naciones restantes de la región puedan sentarse en la misma mesa del naciente Consejo de Defensa de América del Sur, destinado a salvaguardar la soberanía de nuestras naciones frente a las pretensiones de siempre de EE.UU. mientras uno de sus miembros obedece ciegamente las órdenes de la OTAN?

Un gobierno que pisotea a un país hermano agrediéndole con un ataque artero y justificando su proceder bajo la doctrina de Bush de la soberanía limitada, que ordena a sus militares el uso de los emblemas de la Cruz Roja internacional en otro crimen de guerra, y que ahora se suma al tinglado de los agresores del pueblo afgano, no merece sino el repudio internacional.

Roberto Romero .

EL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA

RESPONSABLES:

- Presidente Belisario Betancur, dedicado a la pintura y la poesía. Ha escrito un libro contando la verdad de lo sucedido que se conocerá después de su muerte.

- Ministro de Gobierno Jaime Castro quien el año pasado expresó que si esta situación se volviera a presentar se actuaría de la misma forma.

- Ministra de Comunicación Noemí Sanín, actualmente embajadora en España. Prohibió que el mensaje del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, solicitando un cese al fuego, fuera retransmitido por los medios de comunicación.

- Ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe. Murió en 1994

- Director General de la Policía, General Víctor Alberto Delgado Mallarino actualmente en retiro, ha dicho que algún día escribirá un libro contando la verdad de los hechos.

- Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, exdirector de estupefacientes en el gobierno de Alvaro Uribe. Hoy candidato al Congreso de la República en las listas uribistas.

- Mayor Carlos Fracica, hoy General y comandante del Plan Patriota.

Hoy hace 20 años, el 7 de noviembre a las 2:30 p.m. terminó la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Militares, luego de una reacción desproporcionada, brutal e irracional del Estado Colombiano a la toma realizada por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril -M-19-, operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con la que pretendieron realizar un juicio político al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur por el fracaso del proceso de negociación.

A esas horas de la tarde salieron del Palacio de Justicia, los últimos sobrevivientes, todos eran llevados a la Casa del Florero, conocido por los colombianos, por la historia de independencia. Durante esos dos días ese lugar fue el espacio de los interrogatorios, de las primeras torturas, allí fueron llevados varios de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. Y luego trasladados a las guarniciones militares y de allí, solo los responsables de la operación militar institucional saben de su paradero. Algunos fueron llevados al Cantón Norte, otros al Batallón Guardia Presidencial.

Se cree que algunos después de las torturas fueron asesinados, llevados de nuevo al Palacio de Justicia y colocados entre los restos de personas calcinadas, a otros los enterraron junto con los restos de las víctimas de la erupción del volcán nevado del Ruiz. Muchos de los militares sobreviven, han ocupado cargos en el gobierno del Presidente URIBE, muchos de ellos transitan en las calles de las ciudades colombianos, porque ellos “defendieron la democracia” En la Casa Museo del Florero, el Comandante de la XIII Brigada y el B-2 de esa Unidad Militar instalaron su Cuartel General. El Teniente Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2, coordinó parte de los operativos.

El Capitán Miguel Ángel Cárdenas Obando, de la Sección 2 de la XIII Brigada, el Mayor Vélez del F-2 de Bogotá, y los Mayores Guillermo León Vallejo y Carlos Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería, fueron coordinados por el militar Sánchez. El Comandante de la Escuela de Artillería, Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, fue el coordinador de los operativos de ingreso al Palacio con Tanques Uruburu y Cascabel, con los que rodearon el Palacio de Justicia, lo raquetearon y produjeron el incendio.

La toma de la guerrilla del M-19 en el centro de Bogotá se inicio a las 11:30 a.m. del 6 de noviembre, pocos minutos después se inició el ataque policial y de las Fuerzas Militares. Fueron 28 horas de terror estatal a la acción de la guerrilla. No eran posibles los Derechos Humanos, el derecho Humanitario, el Derecho de Gentes. En manos del Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Mayor General Rafael Samudio Molina, y del Comandante de la XIII Brigada del Ejército, quedó el manejo de la toma y la salvaguarda de los rehenes del M-19. El Presidente. Belisario Bentancur expresٌó que él asumía toda la responsabilidad.

A pesar del llamado del cese al fuego ante la feroz recuperación de la sede de instancias constitucionales y jurisdiccionales, entre ellos el del Presidente de una de la Corte, el Doctor Alfonso Reyes Echandía, a través de la radio Todelar, a la que la Ministra de Comunicaciones en ese entonces, NOEMI SANIN, hoy embajadora en España, convoco a la “autocensura” y a la transmisión del partido de fútbol Millonarios contra Magdalena. El silencio, la tergiversación no pudo evitar que las transmisiones del ejército fueran grabadas por radioaficionados en los que se prueba los objetivos explícitos de la contra toma militar, de las operaciones desarrolladas y de la responsabilidad de las Fuerzas Militares en más de 100 crímenes entre ellos de los magistrados de las altas cortes Las víctimas fueron 11 Magistrados, 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS muertos; dos insurgentes y 11 civiles desaparecidos, y dos estudiantes torturados[1].

Muchos de los civiles y guerrilleros habían sido virtualmente ejecutados, mientras que la mayoría de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en poder de miembros del Ejército. Terminada la toma los militares ordenaron la limpieza de los escombros, borraron varias pruebas de su responsabilidad en esa acción, tratando de desviar desde el comienzo la investigación.

El aparato de investigación de ese momento, inició la investigación penal, remitiendo las actuaciones correspondientes a los militares implicados en los hechos a los Tribunales Castrenses para su enjuiciamiento. Ningún militar fue condenado por las varias ejecuciones y desapariciones registradas el 6 y 7 de noviembre. La Procuraduría profirió un fallo contra el Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, que produjo un respaldo de los sectores de poder indicando que había "que encontrarle un remedio a esa injusticia".

Hoy 20 años después la impunidad es el cimiento del nuevo edificio del Palacio de Justicia. El caso del holocausto del Palacio de Justicia continúa sin esclarecerse judicialmente. La memoria en la historia de las victimas y de sus familias demuestra que la verdad real es la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas y los Crímenes de los Magistrados. La voluntad del Establecimiento ha sido la impunidad, la focalización de la responsabilidad de los Crímenes a la guerrilla, responsable de los asesinatos de agentes de seguridad y de la fuerza pública y responsables de la primera toma. Pero la lógica cimentada en el Estado de usar la fuerza a como de lugar, la fuerza de la respuesta militar a toda costa, de manera abierta y pública mostró a los colombianos desde ese momento que los Manuales de operación del ejército distan mucho de proteger la vida e integridad de las personas, que los mecanismos de control y de terror no son basados en orden a la justicia sino en el del guerrero vengador. Desde ese día hasta hoy los colombianos conocemos lo que las Fuerzas Militares son capaces de hacer por defender la institucionalidad disfrazada de democracia.

***centro de medios independientes de colombia***

El general al que se abrazó Ingrid

El general Mario Montoya Uribe, el jefe del ejército de Colombia al que Ingrid Betancourt agradeció el miércoles haberla rescatado de su cautiverio, tiene una controvertida foja de servicios

Montoya, a quien Betancourt abrazó poco después de ser rescatada de un cautiverio de más de seis años en manos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació el 29 de abril de 1949 en el occidental Valle del Cauca.

A lo largo de su carrera ha recibido más de 20 condecoraciones, entre ellas la medalla del ejército de Estados Unidos. Ha ejercido labores de comandancia en buena parte de su país y tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, afirma su currículum en el sitio en Internet del ejército. Siguió estudios en la Escuela Superior de Guerra, un curso avanzado de vehículos blindados en Fort Knox, Estados Unidos, y se desempeñó como agregado militar en Gran Bretaña.

Un cable despachado en 1979 por la embajada de Washington en Bogotá, desclasificado a pedido del no gubernamental National Security Archive (NSA) de Estados Unidos, ''revela que un batallón de inteligencia del ejército colombiano ligado a Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979'', señaló el investigador Michael Evans en un artículo publicado en junio de 2007 en la revista Semana. ''Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años'', agregó.

Evans, investigador del NSA, también se refirió al hallazgo en marzo de 2007 de una fosa común en el departamento de Putumayo, con restos de más de 100 víctimas ''asesinadas durante el mismo período'' en que Montoya lideró la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, ''financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes en esta región entre 1999 y 2001''. ''Los documentos desclasificados señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando de Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, donde fue descubierta la fosa común'', agregó, en referencia a una ciudad de Putumayo.

Montoya era jefe de la IV Brigada del ejército, con jurisdicción en el municipio de Bojayá, en el occidental departamento del Chocó, cuando se cometió la matanza de 119 civiles en la aldea de Bellavista, el 2 de mayo de 2002. A pesar de tres advertencias efectuadas días antes sobre el inminente peligro que corría la población civil, la fuerza de seguridad pública no se hizo presente en la zona, ni tomó acciones para proteger a los habitantes.

El 21 de abril, al menos siete lanchas con unos 250 paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a Bellavista y al vecino Vigía del Fuerte, tras pasar por un retén permanente de la marina de guerra, otro de la policía y un tercero del ejército en Riosucio, 157 kilómetros al norte de Bellavista.

Los paramilitares se establecieron en ambos poblados, mientras la guerrilla de las FARC observaba desde el área rural. El 23 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó al gobierno su ''preocupación'' por la incursión paramilitar, y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles. El 24 y el 26, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se unieron a la advertencia.

El 1 de mayo comenzaron los combates entre las FARC y las AUC. Más de 300 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista, detrás de la cual se parapetaron los paramilitares. Al día siguiente, los guerrilleros arrojaron una pipeta de gas rellena de explosivos, que cayó en el templo, matando a 119 personas, entre ellos 44 niños, y dejando más de 100 heridos y mutilados.

El ejército se hizo presente cinco días después. Sobrevivientes de aquella tragedia relataron el año pasado a IPS la llegada del general Montoya al lugar y cómo, frente a las cámaras de televisión, lloró por los pequeños muertos, exhibiendo un zapatito infantil de una costosa marca desconocida para los niños de la zona.

En mayo de este año, un tribunal administrativo determinó en dos sentencias que el Estado es responsable por no haber protegido a la población, y ordenó el pago de una indemnización de 1.552 millones de pesos (poco más de 870.000 dólares) a las familias de las víctimas.

Todavía hay pendientes otras 14 demandas civiles.

La justicia militar y la Procuraduría investigaron por omisión a los militares implicados en estos hechos. Pero Montoya continuó su carrera y fue ascendido, aunque poco después, en octubre de 2002, se vería envuelto en otro hecho polémico. Un informe en poder de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, filtrado al diario de ese país Los ángeles Times que lo publicó en marzo de 2007, indica que Montoya y un grupo paramilitar, el Bloque Cacique Nutibara, ''planificaron y condujeron una operación militar para eliminar guerrillas marxistas de los suburbios pobres de Medellín, una ciudad del noroeste de Colombia que ha sido centro del narcotráfico''.

La llamada Operación Orión comenzó a las dos de la madrugada del 15 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Al menos 14 personas fueron muertas, y testimonios de habitantes y de organizaciones de derechos humanos aseguran que unas 50 más desaparecieron en las semanas subsiguientes.

''Vamos a continuar, y lo que estamos haciendo en la Comuna 13 es un mensaje contundente a los violentos, que es: desistan, vamos a llegar a todo el país porque la guerra de guerrillas urbanas no tiene cabida en Colombia'', afirmaba Montoya en un texto fechado el 21 de octubre en el sitio web de la presidencia del país. Las acciones del Bloque Cacique Nutibara duraron dos meses en la Comuna 13 y, según testimonios de desmovilizados, se coordinaban con las autoridades.

El reporte de inteligencia de la CIA incluye información de otros servicios de espionaje occidentales e indica que funcionarios estadounidenses han recibido informes similares de otras fuentes confiables, según los periodistas Greg Miller y Paul Richter, que escribieron el artículo del LA Times. El informe fue filtrado al diario por una fuente que sólo aceptó ser identificada como empleado del gobierno de Estados Unidos. La CIA no confirmó ni desmintió la información, pero solicitó al periódico que no publicara ciertos detalles.

Además de su estrecha colaboración con oficiales estadounidenses en el Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la insurgencia, Montoya fue instructor de la ex Escuela de las Américas, llamada desde 2001 Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.

El miércoles por la noche, cuando el gobierno presentó por televisión cómo se planeó y ejecutó la operación de rescate de Betancourt y los otros 14 rehenes, el presidente Álvaro Uribe reveló que Montoya fue el comandante operativo de la exitosa misión, y recordó elogiosamente, aunque sin comentarios, la operación en la Comuna 13 de Medellín.

Uribe mencionó que ese día le habían llegado mensajes de miembros de la fuerza pública que le manifestaban que estaban presos ''injustamente'', y le pedían que ''abogue por nosotros''. ''Este es un estado de opinión'', dijo Uribe y pidió a las organizaciones humanitarias: ''Crean en Colombia, en este gobierno; este respeto a los derechos humanos en este operativo no es episódico''. A los jueces, el presidente les pidió ''respetuosamente'' que revisaran los casos de los militares presos y ''donde de pronto haya un error, se corrija''.

IPS*

Ocho millones de personas podrán ser expulsadas

Cristina Fuertes y Fernán Chalmeta

Tras dos semanas de discusión y realizar modificaciones “sin gran importancia”, el Consejo de la UE ha aprobado el texto de la directiva de procedimientos y normas para la expulsión de ‘sin papeles’. La última palabra la tiene el Parlamento, que someterá la normativa a votación en junio. Pero la apuesta por el abordaje represivo de la migración queda ratificado.

Pocos esperaban que la UE decidiera con tanta prisa resolver una directiva tan polémica –las organizaciones de derechos humanos y/o que trabajan con inmigrantes han desarrollado una larga campaña en contra– y que ha generado grandes diferencias entre algunos de los países miembros. Sobre todo tras el ‘traspiés’ del 7 de mayo, cuando, después de tres años de negociaciones, el borrador fue rechazado por diez países encabezados por Francia e Italia. El 22 de mayo, la nueva norma pasaba el trámite más difícil : su aprobación en el Consejo de la UE.

“Aceptar la directiva propuesta minará gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados”, denuncian Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados. Según numerosas asociaciones, si se aprueba esta ‘directiva de la vergüenza’, como se la llama desde la sociedad civil, unos ocho millones de ‘sin papeles’, según datos del Consejo de UE, estarían amenazados de expulsión, lo que supondría el mayor movimiento de población organizado en Europa tras la II Guerra Mundial.

La nueva versión de la norma pasa a considerar que la asistencia legal gratuita “puede” ser recibida de acuerdo con las normas de cada país, mientras que antes se decía que la persona “obtendrá el beneficio de justicia gratuita”. Pero los puntos más polémicos han quedado intactos, estableciendo definitivamente la criminalización y encierro de los sin papeles como la figura central en la gestión de la inmigración. Así, se aprueba que los inmigrantes indocumentados puedan ser retenidos hasta 18 meses en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) –o en cárceles si éstos están saturados– por orden administrativa. Y se permite el encierro de menores en los CIE. Con lo que la privación de libertad se aplica no ya al delito, sino al hecho de no tener los papeles, una mera falta administrativa.

Según Pablo Sánchez, consejero en materia de inmigración de Izquierda Unitaria Parlamentaria / Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo, si no se consigue averiguar de qué país viene el ‘sin papeles’, para expulsarle “la directiva puede mandarle a un país de tránsito. En ese momento, estas personas no tienen ninguna protección jurídica. Además, en estos países no se cumple ninguna norma que proteja a los inmigrantes que huyen de guerras, y esto provoca que acaben retornando a los países de los que huyeron por miedo a morir”.

La directiva establece la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años : “sin olvidar a los refugiados. Si su petición es rechazada ya no podrán volver a demandar asilo en Europa”, afirma Pablo.

Este tipo de políticas de expulsión no dan alternativas al problema de los inmigrantes : “Se piensa antes en echar a la gente, que en políticas de integración”. Y es que si finalmente el Parlamento decide aprobar esta directiva se predice que traerá consecuencias catastróficas : “más represión y una proliferación de mafias y mercado negro”, afirma. Felipe G. de la Fuente, de la radio belga Air Libre, afirma que los medios de comunicación están haciendo oídos sordos frente a todo lo que se refiere a los ‘sin papeles’ : “si hubiera más información la gente podría saber qué es lo que la UE está votando. Lo que no se sabe es que esta normativa va a legitimar los abusos de los derechos humanos. Y es que un inmigrante que no tiene papeles es ‘encarcelado’ en centros cerrados a la espera de su deportación. Esto significa que un ilegal es culpable antes de probar su inocencia”.

Según Felipe, la lucha contra la directiva se está realizando en la calle. Con un apoyo político de una manera superficial, las reacciones se han materializado en movimientos de gente sin papeles, estudiantiles, así como de ONG pro derechos humanos y de asociaciones. Desde Bélgica, Jaime Archig, de la Unión de Defensa de Personas Sin Papeles, afirma que si la directiva se aprueba están dispuestos a radicalizar sus luchas. “A día de hoy, hay alrededor de 350 personas que están en huelgas de hambre en distintas iglesias, asociaciones y lugares públicos de Bruselas demandando la regularización de los sin papeles”. Con la inminente aprobación de la normativa se espera que en los próximos días se organicen más movilizaciones, como las convocadas a nivel europeo para el 6 de junio, contra el operativo Frontex y la directiva.

Ahora ésta debe pasar por el Parlamento, donde liberales, una parte de los socialistas y la izquierda se oponen, mientras que la derecha y los partidos socialdemócratas en el poder, como el PSOE, están a favor de su aprobación. Pero fuentes de ambos bandos coincidían en que la polémica normativa pasará finalmente por la Eurocámara sin inconvenientes. Luego les tocará a los ministros del Interior ponerla en vigor.