COLOMBIA
LA CRISIS QUE VIVE EL PAÍS SOLO LA PUEDE RESOLVER EL PUEBLO

La oligarquía y la clase política dicen que el país no resiste conocer toda la verdad sobre la guerra sucia y la penetración del narcoparamilitarismo en las instituciones del Estado.
El jefe narcoparamilitar Salvador Mancuso acaba de reconocer que por su identidad con el pensamiento de Álvaro Uribe Vélez, votaron por él para que fuera Presidente de la República.
Por algunas investigaciones el país conoce que en el 2002 los narcoparamilitares eligieron 28 senadores; en el 2003 eligieron 285 alcaldes, 6 gobernadores y más de 3.500 concejales; en el 2006, alcanzaron 31 senadores. Estos puestos de representación los obtuvieron mediante trampas: mensajeros con tarjetones marcados a boca de urnas, compra de votos, pactos secretos, asesinatos, secuestro e imposición de candidatos únicos, entre otros métodos criminales.
En los últimos 50 años los muertos por la violencia son al rededor de 500.000 más de 11.000 desaparecidos, 4 millones de desplazados. En los últimos 20 años han sido asesinados cerca de 4.000 sindicalistas y destruida la mayoría de las organizaciones sindicales del país.
La responsable de esta crisis humanitaria y social es la oligarquía colombiana quien en todos los tiempos ha recurrido a la violencia para eliminar cualquier expresión popular que ponga en riesgo o afecte sus intereses. Para mantener el poder ha recurriendo históricamente a la guerra sucia y al terrorismo de Estado. Para esta clase en el poder “el plomo renta mejor que el verbo”.
La guerra interna de mitad del siglo pasado, conocida como “la violencia liberal-conservadora” en la que murieron más de 200 mil colombianos, quedó en la impunidad mediante pactos entre las élites gobernantes, nadie respondió por los crímenes atroces y el despojo de la tierra de los campesinos asesinados y desplazados.
Lo más dañino a una sociedad civilizada es la impunidad del delito. Cuando el crimen permanece impune, la venganza toma el lugar de la justicia; parte de las familias y los compañeros de las víctimas, que no pueden soportar la presencia en las calles de los criminales, se encargan de hacer la justicia con su propia mano. Además la impunidad es caldo de cultivo para asesinos que no tienen el menor respeto por la vida, los derechos ajenos y los sentimientos de los demás, que no tienen sensibilidad ante el dolor, como es el caso de los narcoparamilitares y sus agenciadotes ocultos y protegidos por el Estado.
No se puede permitir que en esta ocasión queden en la impunidad los crímenes atroces y de lesa humanidad. Es necesario por lo tanto que se conozca toda la verdad de la guerra sucia en los últimos 30 años y la alianza de la oligarquía y la clase política con el narcoparamilitarismo, que haya verdad justicia y reparación para las víctimas.
No hay reconciliación posible si no se tiene en cuenta a las víctimas y a sus familiares, si se le da la espalda a su dolor y al despojo de que fueron objeto. Porque las víctimas nos recuerdan que lo que para sus victimarios es seguridad, para ellas es dolor, ruptura de su dignidad, muerte, miseria y desplazamiento.
No hay tampoco credibilidad en las instituciones del Estado en medio de la descomposición ética y moral del país y la corrupción campea en el sistema electoral, en el Congreso y los otros órganos del poder. El escándalo de la parapolítica evidencia la crisis institucional en que está el Estado burgués. Colombia tiene una gangrena, y como decía Bolívar: “Las gangrenas políticas no se curan con paliativos”.
La crisis se agudiza con la exclusión económica y social de los trabajadores y la creciente pauperización de la clase media.
Colombia que tiene una población cercana a los 43 millones de personas, ocupa un indecoroso puesto dentro de los países con mayor índice de pobreza. Cerca de 30 millones de colombianos viven bajo el límite de pobreza, 11 millones bajo el de indigencia. Más de tres millones de niños en edad escolar no pueden ir a la escuela. En lo que tiene que ver con el derecho de nuestros ciudadanos al trabajo digno, hay cifras que hablan de 3.1 millones de desempleados, 4.5 millones de trabajadores en el subempleo, 6.906.000 trabajadores informales, 5.481.000 trabajadores reciben ingresos inadecuados y 10.8% de desempleo en el área rural.
El país avanza hacia el despeñadero empujado por las políticas anti populares y neoliberales de la oligarquía y el imperialismo.
La solución a la actual crisis la tiene el pueblo y las mejores armas de éste son la unidad y los principios, su conciencia y organización. La salida de esta oscura noche implica la refundación de la Nación sobre nuevas bases, donde esté al centro el interés del pueblo, la democracia y la defensa de la soberanía.
Si nos unimos los revolucionarios, los demócratas, los patriotas, junto al pueblo, la oligarquía no resistirá en el poder. El tiempo y la voluntad que nos restan para avanzar en la unidad, seguirán siendo aprovechados por la oligarquía y sus lacayos para recomponerse.
Todos quienes hoy evitan la unidad de los revolucionarios y el pueblo, son contrarios al interés de éste. La oligarquía desde el inicio de la república traicionó a Bolívar para hacer del poder su privilegio y arrodillarse al imperio.
En la fuerza de la unidad de todos los revolucionarios y demócratas está la garantía que se conozca toda la verdad sobre la guerra sucia y el terrorismo de Estado y la penetración del narcoparamilitarismo en éste y que la salida a la crisis que vivimos sea a favor del pueblo, para que el país cambie. La insurgencia tiene que buscar la unidad dentro de la diversidad, fundirse con el pueblo, sin hegemonismo ni vanguardismo.