Uribe se compromete con la OTAN en el envío de tropas a Afganistán

Dignidad cero

En otra muestra de cipayaje sin límites, Uribe salta todos los marcos de la dignidad nacional al comprometerse con EE.UU. y la OTAN en la guerra sucia contra el pueblo afgano.

La información filtrada hoy por el diario español El País, señala que Madrid acolita la misión reafirmando a Colombia ante Washington. Las fuentes citadas por el medio español destacan el interés de Uribe de participar en las operaciones en Afganistán, que sufre desde septiembre de 2001, la más feroz arremetida de 14 potencias bajo el remoquete acuñado por doctrina Bush de “lucha contra el terrorismo”. La medida de Colombia supone, según El País, “una ayuda impagable” a España, metida hasta los tuétanos, contra el querer del pueblo ibérico, en los asuntos de otra nación, lejana a sus fronteras y cultura.

Uribe continúa así el vergonzoso papel de Colombia como sirviente de la Casa Blanca, contribuyendo con sus tropas o su posición, en cuanta aventura se embarca dándole una apariencia de paz a los peores actos de guerra: la agresión a Corea en 1952, el envío de militares al Sinaí en 1980 (que aun continúan allí) para apuntalar los planes de Camp David contra el pueblo palestino, el rechazo a respaldar a la Argentina en 1981 en la guerra de las Malvinas, el apoyo incondicional a la invasión norteamericana a Irak en 2002.

¿Qué futuro les puede esperar a los invasores de Afganistán, de la laya que sean, en aquellas tierras ajenas donde crece la resistencia patriótica en defensa de los intereses nacionales?

Una franca derrota como la que sufren a diario en el suelo iraquí. No hay duda que el paso de Uribe va marcado por el más oportunista cálculo político.

Toma esta decisión ahora y no antes porque ve cercano un posible triunfo demócrata en la Casa Blanca con un Obama que muestra cada vez más su talante agresor contra los pueblos del medio oriente. Hace solo un par de semanas Obama visitó Kabul, la capital afgana, prometiendo reforzar la presencia militar de la OTAN “hasta poner fin al terrorismo de Al Khaeda”.

Obama, como Zapatero, no tendrá como pagar estos “desinteresados” servicios del mejor agente de los intereses imperiales que haya pasado por la Casa de Nariño. Y valen dos preguntas finales. ¿Uribe ya se siente el monarca todopoderoso que sin la autorización del Congreso, como ordena la Constitución, decide a mutuo propio, el envío de tropas a una nación extranjera, vinculándose en acciones de estrategia global que no conciernen a los intereses de América Latina? Y bajo la misma óptica, ¿será posible que las 10 naciones restantes de la región puedan sentarse en la misma mesa del naciente Consejo de Defensa de América del Sur, destinado a salvaguardar la soberanía de nuestras naciones frente a las pretensiones de siempre de EE.UU. mientras uno de sus miembros obedece ciegamente las órdenes de la OTAN?

Un gobierno que pisotea a un país hermano agrediéndole con un ataque artero y justificando su proceder bajo la doctrina de Bush de la soberanía limitada, que ordena a sus militares el uso de los emblemas de la Cruz Roja internacional en otro crimen de guerra, y que ahora se suma al tinglado de los agresores del pueblo afgano, no merece sino el repudio internacional.

Roberto Romero .

EL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA

RESPONSABLES:

- Presidente Belisario Betancur, dedicado a la pintura y la poesía. Ha escrito un libro contando la verdad de lo sucedido que se conocerá después de su muerte.

- Ministro de Gobierno Jaime Castro quien el año pasado expresó que si esta situación se volviera a presentar se actuaría de la misma forma.

- Ministra de Comunicación Noemí Sanín, actualmente embajadora en España. Prohibió que el mensaje del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, solicitando un cese al fuego, fuera retransmitido por los medios de comunicación.

- Ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe. Murió en 1994

- Director General de la Policía, General Víctor Alberto Delgado Mallarino actualmente en retiro, ha dicho que algún día escribirá un libro contando la verdad de los hechos.

- Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, exdirector de estupefacientes en el gobierno de Alvaro Uribe. Hoy candidato al Congreso de la República en las listas uribistas.

- Mayor Carlos Fracica, hoy General y comandante del Plan Patriota.

Hoy hace 20 años, el 7 de noviembre a las 2:30 p.m. terminó la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Militares, luego de una reacción desproporcionada, brutal e irracional del Estado Colombiano a la toma realizada por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril -M-19-, operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con la que pretendieron realizar un juicio político al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur por el fracaso del proceso de negociación.

A esas horas de la tarde salieron del Palacio de Justicia, los últimos sobrevivientes, todos eran llevados a la Casa del Florero, conocido por los colombianos, por la historia de independencia. Durante esos dos días ese lugar fue el espacio de los interrogatorios, de las primeras torturas, allí fueron llevados varios de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. Y luego trasladados a las guarniciones militares y de allí, solo los responsables de la operación militar institucional saben de su paradero. Algunos fueron llevados al Cantón Norte, otros al Batallón Guardia Presidencial.

Se cree que algunos después de las torturas fueron asesinados, llevados de nuevo al Palacio de Justicia y colocados entre los restos de personas calcinadas, a otros los enterraron junto con los restos de las víctimas de la erupción del volcán nevado del Ruiz. Muchos de los militares sobreviven, han ocupado cargos en el gobierno del Presidente URIBE, muchos de ellos transitan en las calles de las ciudades colombianos, porque ellos “defendieron la democracia” En la Casa Museo del Florero, el Comandante de la XIII Brigada y el B-2 de esa Unidad Militar instalaron su Cuartel General. El Teniente Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2, coordinó parte de los operativos.

El Capitán Miguel Ángel Cárdenas Obando, de la Sección 2 de la XIII Brigada, el Mayor Vélez del F-2 de Bogotá, y los Mayores Guillermo León Vallejo y Carlos Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería, fueron coordinados por el militar Sánchez. El Comandante de la Escuela de Artillería, Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, fue el coordinador de los operativos de ingreso al Palacio con Tanques Uruburu y Cascabel, con los que rodearon el Palacio de Justicia, lo raquetearon y produjeron el incendio.

La toma de la guerrilla del M-19 en el centro de Bogotá se inicio a las 11:30 a.m. del 6 de noviembre, pocos minutos después se inició el ataque policial y de las Fuerzas Militares. Fueron 28 horas de terror estatal a la acción de la guerrilla. No eran posibles los Derechos Humanos, el derecho Humanitario, el Derecho de Gentes. En manos del Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Mayor General Rafael Samudio Molina, y del Comandante de la XIII Brigada del Ejército, quedó el manejo de la toma y la salvaguarda de los rehenes del M-19. El Presidente. Belisario Bentancur expresٌó que él asumía toda la responsabilidad.

A pesar del llamado del cese al fuego ante la feroz recuperación de la sede de instancias constitucionales y jurisdiccionales, entre ellos el del Presidente de una de la Corte, el Doctor Alfonso Reyes Echandía, a través de la radio Todelar, a la que la Ministra de Comunicaciones en ese entonces, NOEMI SANIN, hoy embajadora en España, convoco a la “autocensura” y a la transmisión del partido de fútbol Millonarios contra Magdalena. El silencio, la tergiversación no pudo evitar que las transmisiones del ejército fueran grabadas por radioaficionados en los que se prueba los objetivos explícitos de la contra toma militar, de las operaciones desarrolladas y de la responsabilidad de las Fuerzas Militares en más de 100 crímenes entre ellos de los magistrados de las altas cortes Las víctimas fueron 11 Magistrados, 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS muertos; dos insurgentes y 11 civiles desaparecidos, y dos estudiantes torturados[1].

Muchos de los civiles y guerrilleros habían sido virtualmente ejecutados, mientras que la mayoría de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en poder de miembros del Ejército. Terminada la toma los militares ordenaron la limpieza de los escombros, borraron varias pruebas de su responsabilidad en esa acción, tratando de desviar desde el comienzo la investigación.

El aparato de investigación de ese momento, inició la investigación penal, remitiendo las actuaciones correspondientes a los militares implicados en los hechos a los Tribunales Castrenses para su enjuiciamiento. Ningún militar fue condenado por las varias ejecuciones y desapariciones registradas el 6 y 7 de noviembre. La Procuraduría profirió un fallo contra el Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, que produjo un respaldo de los sectores de poder indicando que había "que encontrarle un remedio a esa injusticia".

Hoy 20 años después la impunidad es el cimiento del nuevo edificio del Palacio de Justicia. El caso del holocausto del Palacio de Justicia continúa sin esclarecerse judicialmente. La memoria en la historia de las victimas y de sus familias demuestra que la verdad real es la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas y los Crímenes de los Magistrados. La voluntad del Establecimiento ha sido la impunidad, la focalización de la responsabilidad de los Crímenes a la guerrilla, responsable de los asesinatos de agentes de seguridad y de la fuerza pública y responsables de la primera toma. Pero la lógica cimentada en el Estado de usar la fuerza a como de lugar, la fuerza de la respuesta militar a toda costa, de manera abierta y pública mostró a los colombianos desde ese momento que los Manuales de operación del ejército distan mucho de proteger la vida e integridad de las personas, que los mecanismos de control y de terror no son basados en orden a la justicia sino en el del guerrero vengador. Desde ese día hasta hoy los colombianos conocemos lo que las Fuerzas Militares son capaces de hacer por defender la institucionalidad disfrazada de democracia.

***centro de medios independientes de colombia***

El general al que se abrazó Ingrid

El general Mario Montoya Uribe, el jefe del ejército de Colombia al que Ingrid Betancourt agradeció el miércoles haberla rescatado de su cautiverio, tiene una controvertida foja de servicios

Montoya, a quien Betancourt abrazó poco después de ser rescatada de un cautiverio de más de seis años en manos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació el 29 de abril de 1949 en el occidental Valle del Cauca.

A lo largo de su carrera ha recibido más de 20 condecoraciones, entre ellas la medalla del ejército de Estados Unidos. Ha ejercido labores de comandancia en buena parte de su país y tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, afirma su currículum en el sitio en Internet del ejército. Siguió estudios en la Escuela Superior de Guerra, un curso avanzado de vehículos blindados en Fort Knox, Estados Unidos, y se desempeñó como agregado militar en Gran Bretaña.

Un cable despachado en 1979 por la embajada de Washington en Bogotá, desclasificado a pedido del no gubernamental National Security Archive (NSA) de Estados Unidos, ''revela que un batallón de inteligencia del ejército colombiano ligado a Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979'', señaló el investigador Michael Evans en un artículo publicado en junio de 2007 en la revista Semana. ''Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años'', agregó.

Evans, investigador del NSA, también se refirió al hallazgo en marzo de 2007 de una fosa común en el departamento de Putumayo, con restos de más de 100 víctimas ''asesinadas durante el mismo período'' en que Montoya lideró la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, ''financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes en esta región entre 1999 y 2001''. ''Los documentos desclasificados señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando de Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, donde fue descubierta la fosa común'', agregó, en referencia a una ciudad de Putumayo.

Montoya era jefe de la IV Brigada del ejército, con jurisdicción en el municipio de Bojayá, en el occidental departamento del Chocó, cuando se cometió la matanza de 119 civiles en la aldea de Bellavista, el 2 de mayo de 2002. A pesar de tres advertencias efectuadas días antes sobre el inminente peligro que corría la población civil, la fuerza de seguridad pública no se hizo presente en la zona, ni tomó acciones para proteger a los habitantes.

El 21 de abril, al menos siete lanchas con unos 250 paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a Bellavista y al vecino Vigía del Fuerte, tras pasar por un retén permanente de la marina de guerra, otro de la policía y un tercero del ejército en Riosucio, 157 kilómetros al norte de Bellavista.

Los paramilitares se establecieron en ambos poblados, mientras la guerrilla de las FARC observaba desde el área rural. El 23 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó al gobierno su ''preocupación'' por la incursión paramilitar, y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles. El 24 y el 26, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se unieron a la advertencia.

El 1 de mayo comenzaron los combates entre las FARC y las AUC. Más de 300 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista, detrás de la cual se parapetaron los paramilitares. Al día siguiente, los guerrilleros arrojaron una pipeta de gas rellena de explosivos, que cayó en el templo, matando a 119 personas, entre ellos 44 niños, y dejando más de 100 heridos y mutilados.

El ejército se hizo presente cinco días después. Sobrevivientes de aquella tragedia relataron el año pasado a IPS la llegada del general Montoya al lugar y cómo, frente a las cámaras de televisión, lloró por los pequeños muertos, exhibiendo un zapatito infantil de una costosa marca desconocida para los niños de la zona.

En mayo de este año, un tribunal administrativo determinó en dos sentencias que el Estado es responsable por no haber protegido a la población, y ordenó el pago de una indemnización de 1.552 millones de pesos (poco más de 870.000 dólares) a las familias de las víctimas.

Todavía hay pendientes otras 14 demandas civiles.

La justicia militar y la Procuraduría investigaron por omisión a los militares implicados en estos hechos. Pero Montoya continuó su carrera y fue ascendido, aunque poco después, en octubre de 2002, se vería envuelto en otro hecho polémico. Un informe en poder de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, filtrado al diario de ese país Los ángeles Times que lo publicó en marzo de 2007, indica que Montoya y un grupo paramilitar, el Bloque Cacique Nutibara, ''planificaron y condujeron una operación militar para eliminar guerrillas marxistas de los suburbios pobres de Medellín, una ciudad del noroeste de Colombia que ha sido centro del narcotráfico''.

La llamada Operación Orión comenzó a las dos de la madrugada del 15 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Al menos 14 personas fueron muertas, y testimonios de habitantes y de organizaciones de derechos humanos aseguran que unas 50 más desaparecieron en las semanas subsiguientes.

''Vamos a continuar, y lo que estamos haciendo en la Comuna 13 es un mensaje contundente a los violentos, que es: desistan, vamos a llegar a todo el país porque la guerra de guerrillas urbanas no tiene cabida en Colombia'', afirmaba Montoya en un texto fechado el 21 de octubre en el sitio web de la presidencia del país. Las acciones del Bloque Cacique Nutibara duraron dos meses en la Comuna 13 y, según testimonios de desmovilizados, se coordinaban con las autoridades.

El reporte de inteligencia de la CIA incluye información de otros servicios de espionaje occidentales e indica que funcionarios estadounidenses han recibido informes similares de otras fuentes confiables, según los periodistas Greg Miller y Paul Richter, que escribieron el artículo del LA Times. El informe fue filtrado al diario por una fuente que sólo aceptó ser identificada como empleado del gobierno de Estados Unidos. La CIA no confirmó ni desmintió la información, pero solicitó al periódico que no publicara ciertos detalles.

Además de su estrecha colaboración con oficiales estadounidenses en el Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la insurgencia, Montoya fue instructor de la ex Escuela de las Américas, llamada desde 2001 Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.

El miércoles por la noche, cuando el gobierno presentó por televisión cómo se planeó y ejecutó la operación de rescate de Betancourt y los otros 14 rehenes, el presidente Álvaro Uribe reveló que Montoya fue el comandante operativo de la exitosa misión, y recordó elogiosamente, aunque sin comentarios, la operación en la Comuna 13 de Medellín.

Uribe mencionó que ese día le habían llegado mensajes de miembros de la fuerza pública que le manifestaban que estaban presos ''injustamente'', y le pedían que ''abogue por nosotros''. ''Este es un estado de opinión'', dijo Uribe y pidió a las organizaciones humanitarias: ''Crean en Colombia, en este gobierno; este respeto a los derechos humanos en este operativo no es episódico''. A los jueces, el presidente les pidió ''respetuosamente'' que revisaran los casos de los militares presos y ''donde de pronto haya un error, se corrija''.

IPS*

Ocho millones de personas podrán ser expulsadas

Cristina Fuertes y Fernán Chalmeta

Tras dos semanas de discusión y realizar modificaciones “sin gran importancia”, el Consejo de la UE ha aprobado el texto de la directiva de procedimientos y normas para la expulsión de ‘sin papeles’. La última palabra la tiene el Parlamento, que someterá la normativa a votación en junio. Pero la apuesta por el abordaje represivo de la migración queda ratificado.

Pocos esperaban que la UE decidiera con tanta prisa resolver una directiva tan polémica –las organizaciones de derechos humanos y/o que trabajan con inmigrantes han desarrollado una larga campaña en contra– y que ha generado grandes diferencias entre algunos de los países miembros. Sobre todo tras el ‘traspiés’ del 7 de mayo, cuando, después de tres años de negociaciones, el borrador fue rechazado por diez países encabezados por Francia e Italia. El 22 de mayo, la nueva norma pasaba el trámite más difícil : su aprobación en el Consejo de la UE.

“Aceptar la directiva propuesta minará gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados”, denuncian Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados. Según numerosas asociaciones, si se aprueba esta ‘directiva de la vergüenza’, como se la llama desde la sociedad civil, unos ocho millones de ‘sin papeles’, según datos del Consejo de UE, estarían amenazados de expulsión, lo que supondría el mayor movimiento de población organizado en Europa tras la II Guerra Mundial.

La nueva versión de la norma pasa a considerar que la asistencia legal gratuita “puede” ser recibida de acuerdo con las normas de cada país, mientras que antes se decía que la persona “obtendrá el beneficio de justicia gratuita”. Pero los puntos más polémicos han quedado intactos, estableciendo definitivamente la criminalización y encierro de los sin papeles como la figura central en la gestión de la inmigración. Así, se aprueba que los inmigrantes indocumentados puedan ser retenidos hasta 18 meses en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) –o en cárceles si éstos están saturados– por orden administrativa. Y se permite el encierro de menores en los CIE. Con lo que la privación de libertad se aplica no ya al delito, sino al hecho de no tener los papeles, una mera falta administrativa.

Según Pablo Sánchez, consejero en materia de inmigración de Izquierda Unitaria Parlamentaria / Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo, si no se consigue averiguar de qué país viene el ‘sin papeles’, para expulsarle “la directiva puede mandarle a un país de tránsito. En ese momento, estas personas no tienen ninguna protección jurídica. Además, en estos países no se cumple ninguna norma que proteja a los inmigrantes que huyen de guerras, y esto provoca que acaben retornando a los países de los que huyeron por miedo a morir”.

La directiva establece la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años : “sin olvidar a los refugiados. Si su petición es rechazada ya no podrán volver a demandar asilo en Europa”, afirma Pablo.

Este tipo de políticas de expulsión no dan alternativas al problema de los inmigrantes : “Se piensa antes en echar a la gente, que en políticas de integración”. Y es que si finalmente el Parlamento decide aprobar esta directiva se predice que traerá consecuencias catastróficas : “más represión y una proliferación de mafias y mercado negro”, afirma. Felipe G. de la Fuente, de la radio belga Air Libre, afirma que los medios de comunicación están haciendo oídos sordos frente a todo lo que se refiere a los ‘sin papeles’ : “si hubiera más información la gente podría saber qué es lo que la UE está votando. Lo que no se sabe es que esta normativa va a legitimar los abusos de los derechos humanos. Y es que un inmigrante que no tiene papeles es ‘encarcelado’ en centros cerrados a la espera de su deportación. Esto significa que un ilegal es culpable antes de probar su inocencia”.

Según Felipe, la lucha contra la directiva se está realizando en la calle. Con un apoyo político de una manera superficial, las reacciones se han materializado en movimientos de gente sin papeles, estudiantiles, así como de ONG pro derechos humanos y de asociaciones. Desde Bélgica, Jaime Archig, de la Unión de Defensa de Personas Sin Papeles, afirma que si la directiva se aprueba están dispuestos a radicalizar sus luchas. “A día de hoy, hay alrededor de 350 personas que están en huelgas de hambre en distintas iglesias, asociaciones y lugares públicos de Bruselas demandando la regularización de los sin papeles”. Con la inminente aprobación de la normativa se espera que en los próximos días se organicen más movilizaciones, como las convocadas a nivel europeo para el 6 de junio, contra el operativo Frontex y la directiva.

Ahora ésta debe pasar por el Parlamento, donde liberales, una parte de los socialistas y la izquierda se oponen, mientras que la derecha y los partidos socialdemócratas en el poder, como el PSOE, están a favor de su aprobación. Pero fuentes de ambos bandos coincidían en que la polémica normativa pasará finalmente por la Eurocámara sin inconvenientes. Luego les tocará a los ministros del Interior ponerla en vigor.

UN SALVAVIDAS CAYÓ DEL NORTE

Se llevaron los testigos claves, que tienen la información para demostrar la participación del presidente Uribe en la masacre de El Aro y para comprobar el tráfico de su primo Mario con fincas despojadas a los campesinos por los narco-paramilitares, luego de masacrarlos en Caucasia y Córdoba. También fueron enviados a Estados Unidos los principales testigos del involucramiento de gran parte del Parlamento, en actividades de paramilitarismo y narcotráfico.Con razón una de las activistas defensoras de derechos humanos dijo en Medellín, que con la extradición el pasado 13 de mayo de los 14 cabecillas narco-paramilitares, “se llevan la verdad” sobre el genocidio perpetrado por ellos, por encargo del terrorismo de Estado.
La orden de extradición que trajo al país el Ministro de Defensa Santos, hace parte de un paquete de medidas, con las que Washington prosigue la defensa de sus intereses en el Área Andina.Bush sigue sosteniendo a Uribe y por eso le lanzó el salvavidas de llevarse a los capos mafiosos, echándose encima el costo de romper los pactos secretos que el gobierno hizo con ellos y simultáneamente, hacer aparecer esta extradición ante la opinión pública estadounidense, como un logro del Plan Colombia.Uribe reclama estas extradiciones como un triunfo de su Ley de Justicia y Paz, mientras Bush la presenta como un éxito de su política anti drogas. Es la manera como ambos persiguen réditos electorales, en este momento en que pujan por darle continuidad a sus administraciones.Justicia no habrá. Como es tradicional los capos mafiosos pactarán su legalización con los EEUU, allí les expropiaran sus inmensas fortunas, sus crímenes quedarán protegidos como secretos de Estado y bajo la sombra de la potencia norteamericana, burlaran el requerimiento que les haga la Corte Penal Internacional, por sus crímenes contra la humanidad.Así resguardan a un servidor fiel de Bush, como ha sido Uribe Vélez, al tiempo que se esconde el accionar terrorista de los narco-paramilitares, realizado en ‘obediencia debida’ a órdenes del Departamento de Defensa de los EEUU, bajo el nombre de Operaciones Encubiertas Negables, conducidas en el terreno por la CIA y la DEA.Este mutuo encubrimiento busca habilitar a Uribe para seguir cumpliendo la misión de atacar, a los procesos democratizadores que avanzan en Ecuador y Venezuela. A la vez que pretende dar credibilidad a la huera lucha anti terrorista de Bush, en nombre de la cual ahora quiere colocar sanciones a ambos países andinos, por sus supuestos vínculos con la insurgencia colombiana.Antes en Colombia se recordaba el 13 de mayo con un himno religioso, de ahora en adelante será recordado como el día en que a un Presidente arrinconado le cayó un salvavidas, no del cielo, sino del imperio del norte. El mismo día en que sus ahijados comenzaban a recoger firmas, para intentar elegirlo por tercera vez a la presidencia de esta narco república suramericana.El mar de sangre y corrupción en el que flota éste régimen oligárquico ilegítimo, no se puede esconder en un abismo de sumisión ante los EEUU.Los colombianos seguiremos empeñados en la reconciliación y la reconstrucción nacional, pero nunca a costa de sacrificar la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición del genocidio ocurrido. Así como proseguiremos buscando instaurar un nuevo gobierno de nación, paz y equidad.

Revista insurreccion.