LAS CIFRAS DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

El año 2006 marcó un agravamiento en la situación de los derechos humanos para nuestro pueblo, que sigue resistiendo a la sistemática agresión de las Fuerzas Armadas gubernamentales y de los paramilitares.
En contravía a lo manifestado por el gobierno de Uribe, en el sentido de que con la desmovilización de los paramilitares se daría una disminución de los crímenes, del desplazamiento, de las desapariciones, las detenciones y las masacres, estos han aumentado y llegado a niveles semejantes a los registrados durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala.
Para esos años, década de los 80, el reporte de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos fue el siguiente:”desde 1988, en promedio diariamente son asesinadas siete personas por razones políticas. La mayoría de los asesinatos políticos son cometidos por miembros de la Fuerza Pública y de los cuerpos de seguridad del Estado y por grupos paramilitares”.
Esta tendencia se mantiene y amplía durante el gobierno de Uribe. El informe de las organizaciones de Derechos Humanos de Colombia y Estados Unidos que trabajan en coordinación, lo confirma.
1. “El periodo comprendido entre julio del 2002 a junio del 2006, el primer cuatrienio de la administración Uribe, fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate y a consecuencia de la violencia social y política un total de 11.084 personas. En promedio cada día fueron asesinadas o desaparecidas 7.7 personas. Cada año fueron asesinados o desaparecidas un número aproximado de 3.145 personas”. (1).
2. En cuanto a los responsables, el mismo informe señala que "el 74,5% de las muertes y desapariciones producidas fuera de combate es atribuible al ESTADO, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico. Por perpetración directa de agentes estatales, el 12,1% (752 víctimas) y por tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares, el 62,4% (3.887 víctimas). Así mismo, las guerrillas habrían sido autoras del 25,5% (1.588 víctimas) de las muertes y desapariciones.”
3. Es de resaltar que los grupos paramilitares continúan siendo los mayores violadores del derecho a la vida durante el primer cuatrienio del mandato de Álvaro Uribe Vélez. "Entre julio de 2002 y junio de 2006, esos grupos asesinaron o desaparecieron forzadamente a 972 personas cada año, en promedio. Entre julio de 1998 y junio de 2002, los grupos paramilitares asesinaron o desaparecieron cada año, en promedio, a 1.950 personas. A pesar del cese de hostilidades que pactaron con el gobierno, entre el 1° de diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2006, por lo menos 3.002 personas fueron asesinadas o desaparecidas por grupos paramilitares.”
Las cifras podrían ser mucho más altas, si se tiene en cuenta que tan sólo el frente José Pablo Díaz, bajo el mando de ‘Jorge 40' y perteneciente al Bloque Norte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), habría perpetrado 558 asesinatos, entre 2003 y 2005, en un municipio de Magdalena, 17 municipios de Atlántico y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla".
4. Las detenciones masivas se han convertido en una práctica generalizada, masiva y sistemática, pues durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron detenidas arbitrariamente. Eso significa que cada día, en promedio, fueron detenidas arbitrariamente casi cinco (4,7) personas.
5. Las amenazas se han generalizado en todo el país como una forma de silenciar, atemorizar y propiciar el destierro de líderes sociales. En el mes de diciembre del 2006 en Cartagena y Barranquilla circularon amenazas masivas a más de 80 líderes a nombre de las "Águilas Negras", estructuras paramilitares creadas al amparo del Ejército en todo el país quienes se encargan de hacer misiones sucias. (2).
6. No para el desplazamiento. Según CODHES, los habitantes de Nariño y Putumayo, al sur del país, son los más afectados por esta crisis humanitaria, de igual manera es dramático y alarmante el desarraigo que padecen las zonas de fronteras nacionales con Ecuador, Venezuela y Panamá.
En todo el país, del 1 de enero al 31 de mayo del 2006, 10 mil 567 personas, que integran 2 mil 113 familias se desplazaron. En lo corrido del año, el 8,6% de los desplazados fueron pueblos indígenas, algunos de los más afectados fueron los Nukak Makú en el departamento de Guaviare, los Wounnan en Chocó, los Awa en Nariño, los Wuayúu en La Guajira y los Paeces en Cauca.
Los desplazamientos masivos también tocaron a comunidades afro descendientes, campesinos y colonos en Chocó, Bolívar, Antioquia, Meta, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
Las víctimas del terrorismo de Estado.
Ningún sector social ha escapado a la acción represiva y criminal de los aparatos militares y paramilitares del Estado. Aunque en sus discursos desde la presidencia de la República argumente Álvaro Uribe que la “seguridad democrática” está destinada a combatir a la insurgencia y trate de convencer de ello al país, lo cierto es que el grueso de esa política ha sido dirigida hacia la población, a golpear a los movimientos populares y de izquierda, a sectores de la oposición política, a los pueblos indígenas y afro descendientes, entre otros.
Dentro de los 11.084 asesinatos y desapariciones cometidas por las fuerzas del Estado y los paramilitares se encuentran concejales, candidatos a las alcaldías y corporaciones legislativas municipales y departamentales que se opusieron al control político y económico de los paras, tal como aconteció en los departamentos del Magdalena y Cesar donde fueron asesinados todos los aspirantes a la gobernación, menos los candidatos proclives a los narcoparamilitares. (3).
De esta incompleta estadística de asesinatos y desapariciones hacen parte los cientos de pobladores y líderes de los pueblos y movimientos indígenas que luchan por reestablecer la propiedad ancestral de la tierra y defender su territorio de la invasión de las compañías multinacionales del petróleo y demás recursos naturales. Todavía está en nuestras retinas el infame ataque a la marcha pacífica de los indígenas el 12 de octubre del 2005 a raíz de la Cumbre Itinerante Nacional.
En estos datos podemos contar los más de 30 campesinos asesinados por las brigadas del ejército en Antioquia, que luego de matarlos fueron vestidos con prendas militares para hacerlos aparecer como "guerrilleros dados de bajas" en combate.
En el Sur de Bolívar está reciente el asesinato del líder minero Alejandro Uribe, cometido por el ejército en las minas de la Serranía de la San Lucas y cuyo cadáver fue presentado en los medios de comunicación como el de un guerrillero del ELN. A este líder el ejército le cobró el hecho de haberlo denunciado como violador de los derechos humanos en la región, en la “Audiencia sobre Minería, Multinacionales y Fuerzas Armadas” realizada en abril del 2006 en Medellín. (4).
Los jóvenes ha sido uno de los sectores sociales más golpeados por la violencia de los paramilitares, con la participación y complicidad del Estado, en lo que parece ser una estrategia de exterminio de la generación del futuro.
Es evidente que en el Pacífico colombiano se viene adelantando un proceso de violencia orquestado por algunas empresas, los narcotraficantes disfrazados de paramilitares y agentes del Estado. Dicho plan puede decirse que está dirigido a arrasar con los jóvenes de la región, prueba de ello es lo sucedido en los últimos años en municipios como Buenaventura, donde entre el 2000 y 2005 se registraron 2.644 homicidios, de los cuales el 70% corresponde a jóvenes. Este año el observatorio del delito de la alcaldía reseña 299 asesinatos, un 85% de las víctimas no superan los 35 años de edad. (5).
En Puerto Tejada, una asamblea de jóvenes afro descendientes denunció que en este municipio norte caucano, que no pasa de los sesenta mil habitantes, ha visto morir violenta e impunemente a más de mil jóvenes entre los 12 y los 24 años, lo cual es un claro indicativo de que el accionar paramilitar va dirigido a exterminar la generación de futuro.
En ciudad Bolívar, una populosa barriada de Bogotá, capital de la República de Colombia, los jóvenes vienen trabajando por la realización de un Tribunal de Opinión Internacional o audiencia pública para hacer visible el genocidio y condenar moralmente a los responsables. Las organizaciones sociales denuncian que “los jóvenes son recogidos por la Policía en un camión conocido como ‘La perrera', trasladados a la Unidad Permanente de Justicia, (UPJ), allí los detienen 24 horas, son bañados y golpeados con un palo que tiene escrito ‘Derechos Humanos” según una de las cientos de denuncias de jóvenes de dicha comunidad.
De octubre de 2005 a mayo de 2006, han sido asesinados más de 550 jóvenes en Ciudad Bolívar. Las AUC cuentan con listas de los líderes de la comunidad y de organizaciones sociales, que han sido declarados objetivo militar. (6).
Los paramilitares que se movilizan “como Pedro por su casa” en Ciudad Bolívar, han publicado panfletos condenando a la muerte a los jóvenes: “Los niños buenos se acuestan a las nueve y los que no los acostamos”.
También es conocida la forma como actúan en una parte del barrio Alpes, paramilitares desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de Medellín.
Los trabajadores han visto caer asesinados a cientos de activistas y dirigentes en estos cuatros años de gobierno Uribista. Sin lugar s dudas es la manera en que este gobierno penaliza las luchas que los trabajadores realizan para defender el patrimonio nacional, como aconteció con la muerte de maestros, dirigentes petroleros y otros.
Los protagonistas de la guerra sucia, con un nuevo disfraz autodenominado “Águilas Negras”, hacen listas macabras de las víctimas y emiten amenazas refrendadas por el propio vicepresidente de la república, quien irresponsablemente señala la dirigencia sindical de ser guerrilleros, o sea da el visto bueno para que sean asesinados.
Miembros de los partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista y el Polo Democrático, han sido asesinados en el desarrollo de su actividad de oposición y lucha social a lo largo y ancho del país.
En los dos años pasados, en la región fronteriza con Venezuela ocurrió el mayor número de asesinatos políticos.
También en esa región han ocurrido las más terribles masacres. En Bahía Portete, departamento de la Guajira (al norte del país), fueron despedazados 32 indígenas Wayúu y en Arauca (al centro oriente), fueron degollados 13 campesinos. Además se incrementa notablemente la militarización por tierra y aire del poblado de Cubará, con el pretexto de imponer a los indígenas U'Wa la explotación del petróleo existente en su territorio, por parte de empresas transnacionales.
En este cuatrienio ha sido violento y brutal el comportamiento de la fuerza pública y en especial de la Policía Nacional a través de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el cual ha cobrado la vida de numerosos estudiantes, indígenas y luchadores sociales.
Las detenciones masivas a líderes de los movimientos sociales y políticos, quienes son presentados como guerrilleros, es otra de las modalidades de persecución política desatada por el régimen uribista en su afán de presentar un balance favorable en la lucha contra la insurgencia. Pasado un tiempo, estos líderes, son exonerados de los cargos, pero se ha logrado descabezar a los movimientos sociales y propagar el espejismo de la eficacia de la “seguridad democrática”.
En los operativos contra la guerrilla que realiza el ejército de Colombia, se ha vuelto costumbre llevar como guía a campesinos que son obligados a hacerlo so pena de ser acusados de colaboradores de la insurgencia, de esta manera se les priva de la libertad de manera ilegal.
El actual gobierno también ha penalizado y criminalizado la paz. En nuestro país centenares de comunidades vienen construyendo distintos procesos para aportar a la construcción de ese anhelo.
La comunidad de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, desde hace años se ha declarado comunidad de paz y para ello adelanta varios programas de derechos humanos, de producción agroalimentaria y de soberanía frente al conflicto armado. Sin embargo, sus actividades han sido criminalizadas y el hostigamiento del ejército, que los señala como colaboradores de la guerrilla, es permanente, esto le ha costado la vida a muchos de sus pobladores ya sea porque han sido asesinados o por el bloqueo económico a la comunidad, cercada militarmente y amenazada permanentemente por los grupos paramilitares.(7).
Los procesos comunitarios por la vida y la paz del Sur de Bolívar, igualmente sufren las amenazas y asesinatos del ejército. Los diálogos comunitarios han sido estigmatizados colocando en grave riesgo la seguridad de los pobladores, mineros y campesinos de los municipios de Santa Rosa, San Pablo, Morales y Puerto Rico. Varios líderes del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio han sido asesinados por los paramilitares.
Julián Hurtado en su intervención durante la marcha que se hizo el pasado septiembre en Cali por el aniversario del crimen del estudiante Johnny Silva en el 2005, propuso que las universidades fueran declaradas territorios de paz y que el papel de la universidad es colocarse al frente de este anhelo de los colombianos. Un mes después, Julián fue asesinado llegando a su casa. Por esta clase de actos los universitarios reclaman que los suyos sean “territorios de paz”.
Estos relatos sirven para ilustrar lo que está pasando en Colombia: la imposición de un régimen de terror, genocida y mafioso.
Para construir la paz se necesita crear un ambiente para que puedan participar las mayorías.
El ELN está convencido de la necesidad de una solución política al conflicto social, político y armado, con la participación de toda la sociedad en el diseño de un nuevo país. A este derecho de los colombianos se atraviesa la permanente la práctica del genocidio y la persecución política a una parte sustantiva de la sociedad, a sus mayorías populares.
Un salto en los diálogos por la paz requiere de generar un ambiente. Para ello deben cesar los asesinatos, las desapariciones, el tratamiento terrorista a las luchas sociales, las amenazas, las detenciones arbitrarias masivas y selectivas, es decir, se requiere la desactivación de todos los factores que inhiben la participación popular. Es el reto.
Fuentes:
1. Ver informe Coordinación organizaciones de derechos humanos Colombia-Estados Unidos.
2. Periódico El Universal de Cartagena; Diario El Heraldo de Barranquilla del 16 de diciembre.
3. El Alcalde de El Roble es recordó porque en un Consejo Comunitario donde asistió el presidente Uribe denunció la amenaza de muerte y pidió protección. Un mes después fue asesinado.
4. Ver comunicado de la Federación Agrominera fechado el día 28 de septiembre.
5. Denuncia presentada en el encuentro de jóvenes afro descendientes en Puerto Tejada, realizado los días 23 y 24 de noviembre, 2006.
6. Denuncia de las organizaciones sociales de Ciudad Bolívar, el delito de ser joven, mayo 25 del 2005.
7. Intervención del Sacerdote Jesuita Javier Giraldo en el congreso de la República.