COLOMBIA

Fondo para la Reparación de las Víctimas:

Presupuesto para victimarios, no para las víctimas

Mientras que el gobierno nacional ha venido implementando desde el 2005 cientos de proyectos productivos, cursos de capacitación, fondos de becas, convenios con grupos económicos, con el fin de facilitar la reinserción de los paramilitares desmovilizados, miles de víctimas del paramilitarismo, esperan pacientemente la lejana posibilidad de ser reparados económicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus seres queridos, mediante el recién puesto en funcionamiento Fondo para la Reparación de las Víctimas.
No obstante dicho Fondo, administrado por la Agencia Presidencial Acción Social, no tiene con qué responder no sólo por que los paramilitares mismos a sabiendas que “únicamente tienen que entregar o denunciar sus bienes de procedencia ilícita” han realizado todo tipo de maniobras jurídicas, entre ellas el testaferrato, el ofrecimiento de bienes no saneados jurídicamente y la devolución de propiedades con proyectos productivos a favor de desmovilizados, sino porque a fecha de 26 de julio, el Fondo para Reparación de las Víctimas “únicamente ha recibido bienes del desmovilizado señor Manuel de Jesús Pirabán, alias “Don Jorge” o “Pirata””, lo que corresponde a dos fincas, una de 910 hectáreas, otra de 995, tres lotes de 200 metros cuadrados cada uno, tres camperos, 152 toros criollos y dos caballos.
De igual manera, a la fecha el Fondo no ha tenido ninguna entrada por donación extranjera, como tampoco de recursos provenientes del presupuesto nacional para su mantenimiento, como si lo tiene paradójicamente la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de los Grupos y Personas Alzadas en Armas, que según su director, Frank Joseph Pearl González, tiene un presupuesto de $294.000 millones de pesos, así como 40 proyectos con apoyo del sector privado, y la posibilidad que Estados Unidos comprometa US$51 millones en los próximos tres años.
Según el Alto Consejero, a 31 de enero de este año, el Sistema de Acompañamiento indicaba que de un total de 31.521 desmovilizados de las autodefensas, 26.790 recibía algún tipo de beneficio, entre estos una ayuda humanitaria correspondiente a 358 mil pesos mensuales, aún cuando no asistiera a talleres o a cursos. Del resto, es decir 4.731, no se conocía su paradero.
Y aunque ya se habla de un fracaso total del proceso de reinserción, ya que al parecer parte de los primeros 5.276 millones de pesos invertidos en este proceso, se perdieron, lo cierto es que desde el 2005, el gobierno nacional ha venido implementando lo que en su momento llamo Proyectos Productivos por la Paz, como parte de la base de la creación de proyectos empresariales en las zonas donde se presentaron desmovilizaciones masivas, a saber, Uraba, Suroeste antioqueño, Cundinamarca, Tibú (Norte de Santander), Palmira, Córdoba y el sur del Magdalena.
En efecto, hoy día, de los 2.624 desmovilizados de las autodefensas que debían estar empleados en 41 proyectos económicos en 9 departamentos, menos de la cuarta parte siguen vinculados a ellos. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho de que a pesar que el gobierno desembolsará 600 millones de pesos para trescientos ex paramilitares pertenecientes al bloque de Hernán Giraldo para producir estevia, a julio de este año, quedaban apenas 5 desmovilizados cultivando el endulzante natural.
Así las cosas, resulta inaudito que mientras las víctimas de grupos paramilitares no cuentan con una real asistencia psicológica, o alguna ayuda humanitaria para poder viajar y asistir a las versiones libres de sus verdugos, se debaten entre conseguir el dinero para la manutención de sus familias, el desplazamiento forzado que les ha tocado asumir dadas las amenazas y persecuciones, los paramilitares desmovilizados sigan recibiendo, a pesar del fracaso rotundo del proceso, además de miles de millones de pesos que solo han traído perdidas, asesoría, información en materia de salud, educación, atención psicosocial, capacitación laboral, en cualquiera de los Centros de Referencia dispuestos por el gobierno para tal fin, como en el caso del departamento de Antioquia.
De tal manera, queda claro una vez más que los únicos beneficiados por las decisiones del gobierno con la implementación de la Ley de Justicia y Paz son los paramilitares, mientras las víctimas siguen siendo afectadas y revictimizadas, además que solo serán beneficiarias del Fondo, si logran participar directamente en el incidente de reparación, si pueden acudir y probar que el jefe paramilitar o bloque fue quien cometió el crimen, si el caso en particular tuvo sentencia y claro, si el fondo de reparación llega a conseguir dinero para poder repararlas.
Bien lo decía Mancuso, en una entrevista concedida al Espectador en el 2005 “los proyectos productivos y la vinculación plena a la civilidad de los desmovilizados, nos generan un caudal disponible para cuando lo queramos utilizar como trampolín político”.
En conclusión a la fecha no hay un solo peso para reparar a las victimas, el fondo es una entelequia y un fraude más que sumado a la falta de verdad y de justicia allanará el camino para que las víctimas acudan a la Corte Penal Internacional o a otras instancias para buscar verdad, justicia y reparación.

(ccajar)

La guerrilla colombiana en la encrucijada

Las multitudinarias manifestaciones convocadas por el gobierno, a propósito de la muerte de los once diputados del Valle del Cauca secuestrados por las FARC, se unificaron en la condena contra la guerrilla colombiana y sus métodos de acción. A pesar de que el Polo Democrático Alternativo respaldó las movilizaciones levantando la consigna de Acuerdo Humanitario, éstas fueron aprovechadas políticamente por el gobierno como un respaldo a su plan de Seguridad Democrática. Este hecho ha puesto de nuevo al orden del día la discusión sobre la legitimidad de las organizaciones insurgentes. A lo que queda de la guerrilla colombiana, o mejor, a los miles de luchadores y activistas revolucionarios integrados a ella en las FARC y ELN, se les está acabando el tiempo para una redefinición absoluta de su estrategia política e ideológica: se convierte en agente y colaboradora de la burguesía, o en una organización para la lucha con métodos obreros revolucionarios.

El conjunto de factores nacionales que dieron razón a su existencia como fenómeno político y social, que ante algunos sectores justificaron su lucha armada contra un régimen reaccionario y sanguinario, que les permitieron contar con amplia simpatía entre sectores del movimiento obrero y sindical y que les dieron base de apoyo social en amplias zonas campesinas han evolucionado drásticamente en los últimos años, reduciendo el espacio para su accionar.
No se trata, en modo alguno, de que el régimen se haya democratizado. Para mostrarlo están los miles de muertos y desaparecidos a manos de los grupos paramilitares, que siempre hemos señalado como un puntal del régimen. El régimen, con la Constitución del 91, perfeccionó su ropaje y enmascaró su definición reaccionaria y sanguinaria con tutelas, derechos de petición, Defensorías del Pueblo, etc., etc., mientras dejó durante años el trabajo sucio de eliminación física de los opositores o luchadores sociales a las bandas paramilitares o a grupos de las propias Fuerzas Armadas.
Tampoco se trata de que se hayan realizado en el país amplias reformas económicas y sociales, modificando sustancialmente el nivel de miseria y explotación a que son sometidos millones de trabajadores y campesinos pobres. Por el contrario, los niveles de desempleo siguen altísimos, el sub-empleo es la norma y la miseria se enseñorea en campos y ciudades mientras unos pocos supermillonarios nadan en el lujo y el derroche disfrutando de jugosas ganancias con el sudor de millones de explotados y oprimidos.

Colombia cambió

Pero algunos cambios bastante significativos se han consolidado en las últimas tres décadas, algunos de los cuales ya se venían desarrollando desde tiempo atrás. En primer lugar, el país es dominantemente, sin discusión de ningún tipo, urbano. El viejo país de 1960 a 1970 ya no existe más. Los grandes hechos de la vida política y social se definen ahora totalmente en las ciudades y por las masas urbanas. Este sólo hecho significa un cierre de espacio trascendental, en el largo y mediano plazo, para la guerrilla. Las formas guerrilleras campesinas han estado históricamente ligadas a grandes luchas por la liberación nacional –en la cual incluso sectores sociales urbanos “desplazan” al campo sus efectivos para el desarrollo de tales luchas– o a grandes revoluciones que tengan como consigna inicial y central la lucha por la tierra y su distribución entre el campesinado.
La dirección guerrillera, en todas sus variantes, tanto las que durante este proceso se entregaron políticamente a la burguesía (M-19, EPL, sectores del ELN, etc.) como las que aún mantienen sus organizaciones armadas, no levanta un programa revolucionario y de movilización para las masas urbanas, que plantee las consignas que respondan realmente a sus necesidades más profundas de salario, alimentación, vivienda, salud y educación. Levantar tales consignas llevaría, indefectiblemente, a avanzar en un programa político de choque contra la burguesía y el imperialismo, planteándose la expropiación de todos los grandes medios de producción, incluida la tierra para su distribución entre el campesinado o su explotación colectiva; es decir, un programa realmente socialista. Esas direcciones abandonaron la mención al socialismo hace ya años.

Los partidos políticos

En el nivel político en el país se produjo, muy lentamente, una recomposición de fuerzas y partidos en la cual, en medio de la crisis profunda de los dos grandes partidos tradicionales de la burguesía (Liberal y Conservador) surgieron expresiones que representan típicamente a la pequeña burguesía de las grandes ciudades y a franjas de trabajadores que ideológicamente se sienten representados por ella. Tal es el caso actual del Polo Democrático Alternativo. Algunos dirigentes políticos de la burguesía han incluso “ayudado” al desarrollo y consolidación de estas opciones, viendo en ellas, a largo plazo, un factor de estabilidad y equilibrio. Papel destacado en este proceso juegan las direcciones guerrilleras que negociaron su desmovilización y desarme con los gobiernos de Betancur, Barco o Gaviria.
El accionar de estas nuevas expresiones políticas ha estado ligado, desde su nacimiento y cada vez más profundamente, a un acuerdo y colaboración política con sectores de la burguesía. Todos ellos son defensores del “Estado Social de Derecho”, concepto tras el cual esconden en últimas la defensa del Estado burgués colombiano, con su régimen de propiedad privada y explotación capitalista. Se han convertido en buenos administradores de los negocios de la burguesía, garantes excelentes de las inversiones de las multinacionales y personajes destacados en el debate parlamentario; destacándose también en su papel de freno de la lucha y la movilización de los explotados y oprimidos.

Los renegados

El anterior factor, —como dice el refrán popular, “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”— se expresa constantemente en toda la discusión sobre las acciones de la guerrilla. Los anteriores guerrilleros y todos aquellos que durante años miraron a la guerrilla con simpatía y hoy políticamente reniegan u ocultan su pasado, son ahora utilizados a diario por los grandes medios de comunicación para denunciar las acciones de la guerrilla, para rechazar sus tácticas y para llamar a la movilización “contra todo tipo de violencia”. En medio de toda la campaña burguesa que intenta presentar el accionar guerrillero y el de los paramilitares como hechos de características similares, la dirección ex-guerrillera (léase M19, EPL, sectores del ELN) ha terminado cumpliendo un papel político e ideológico nefasto a favor de la burguesía y el imperialismo.

La encrucijada

Todo este conjunto de modificaciones en el campo nacional, que sólo enunciamos sin desarrollar profundamente, unidos a los cambios en el terreno internacional y a los métodos ajenos a la lucha obrera y popular que ha privilegiado la propia guerrilla (que analizaremos en próxima entrega), la están colocando, no tanto en el callejón sin salida del aniquilamiento militar –como afirma prepotentemente el gobierno de turno de Uribe Vélez–, sino en la encrucijada de entregarse políticamente en una negociación a éste o a un próximo gobierno burgués u optar por continuar su lucha histórica con nuevos métodos y estrategias políticas e ideológicas.

Luis Garcia