LA CAIDA PROGRESIVA DE PINOCHOA Uribe se le vino una cascada de denuncias. Acostumbrado a su teflón que según analistas trasnochados lo aguanta todo, esta vez las cosas comienzan a complicarse. Y hoy 29 de abril, en un hecho casi sin precedentes, tuvo que acudir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara a sostenerse en su acusación por injuria y calumnia contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete en medio de un aparatosa movida de seguridad que llegó al propio congreso que según algunos era intimidante e innecesaria.
Más de cuatro horas y media le tomó la presentación ante su juez natural. Un tiempo valioso para cualquier presidente de una nación respetable que en lugar de andar en enredos judiciales dedica toda su actividad a las funciones propias de su cargo.
Pero no. Nuestro presidente prefiere cazar entuertos, incluso contra las altas cortes. Y da risa que tres horas de la audiencia las dedicara a dar cátedra acerca de la división de poderes en Colombia. Un personaje que precisamente se destaca por violentar dicha separación como lo muestra la malévola propuesta de crear una supercorte para judicializar a los parlamentarios enredados en la parapolítica y a él mismo, como insólitamente le propuso al país, por todos los canales en horario triple A, el domingo 27, burlando la constitución nacional.
Para no hablar de todos sus ataques a la majestad de la Corte Suprema, exigiéndole “objetividad en sus análisis” preocupado con razón, porque esta ya ha mandado a la cárcel a 31 congresistas, y tiene investigados a otros 31, todos amigos del presidente, y quienes le hicieron campaña en 2006 para su reelección.
Según El Espectador del martes 29, el presidente le manifestó al representante investigador, Carlos Chavarro, que no podía dejar pasar por alto una injuria o calumnia como la del ex presidente de la Corte Suprema. Éste había declarado a los medios hace unos meses que Uribe lo había llamado para indagar por el proceso que se le seguía a su primo Mario Uribe, hoy tras las rejas acusado por la Corte por sus lazos con el paramilitarismo.
Con valor civil el magistrado, a través de su apoderado el abogado Ramiro Bejarano, declaró antes de la audiencia que no iba a conciliar y que se mantenía en su denuncia. De manera que el presidente no tendrá más remedio que enfrentar un largo proceso en su contra.
Y claro, no podían faltar las declaraciones de omnipotente salvador de los males de la República a que nos tiene acostumbrados soltando perlas como esta al salir de la Cámara de Representantes: “Lo mejor para la Comisión de Acusaciones es que yo asistiera personalmente a la misma diligencia judicial, porque en la opinión pública esta célula legislativa tiene una imagen vilipendiada".
Ahora en adelante veremos a un Uribe afanoso acudiendo a cuanto organismo desprestigiado del país para rescatarle su alma corrupta y darle así una segunda oportunidad sobre la tierra.
Muy pronto le tocará volver a la misma célula cameral para responder a la demanda que entabló, en la misma aciaga mañana presidencial, el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda por cohecho, esa rara figura que como en el tango para que funcione, necesita dos: el que soborna y el que se deja sobornar.
Como el país bien sabe, la ex- representante a la Cámara, Yidis Medina, denunció el ofrecimiento de beneficios por parte de altos funcionarios del Gobierno para que votara a favor de la reelección de Uribe y cuyo voto en la comisión primera de la Cámara de representantes fue decisivo en 2005 para cambiar el “articulito” de la Constitución.
Según el senador Avellaneda en un candente debate el 29 de abril en el senado, donde defendió a nombre del Polo a la Corte, y señaló a Uribe como el pater corruptus, Yidis Medina tiene pruebas magnetofónicas de los sobornos de que fue objeto por parte de altos funcionarios del gobierno de Uribe. De ser cierta semejante revelación no hay duda que el anillo que hoy atenaza a Uribe de acusaciones de corrupción terminará cerrándose.
Y como si esto fuera poco, es posible que por algún lado le venga la formulación de cargos tras las acusaciones de un ex paramilitar, preso hoy en Medellín, quien sostiene que agentes de la fuerza pública de la gobernación de Antioquia, que ejercía Uribe, ayudaron a los paramilitares en el ataque al caserío de El Aro, nordeste antioqueño, el 25 de octubre de 1997 que dejó un saldo de 15 campesinos muertos "en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento'', según el fallo, de 160 páginas conocido por el diario norteamericano El Nuevo Herald.
Según el bien informado Nuevo Herald de Miami, en su edición del domingo 27 de abril, el ex paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero pasado, que el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron de alguna forma en la planeación de dicha masacre.
Uribe, sabiendo lo que se le venía, cinco días antes de la información, le dijo a la cadena Caracol que por ahí había un desmovilizado que sostiene que el presidente participó en una masacre de los paramilitares, “pero ya con mis abogados hemos podido tumbar todas las inconsistencias” en esa nueva infamia contra su prestigio.
Parte de la confesión de Villalba fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, según un extenso fallo de ese tribunal hace dos años.
El mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la gobernación del departamento de Antioquia, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente. "Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada'', expresa la sentencia del CDIH.
Pero El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.
El diario revela en una reportaje que escasamente reprodujo uno que otro medio en Colombia y ninguno de los grandes noticieros de la televisión, que"[Álvaro Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos'', declaró Villalba al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe.
La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte.
Villalba, según los documentos obtenidos por el Herald, aseguró que tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunión en una finca de un hacendado --que no identificó-- en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y los hermanos Uribe, agregó.
"Estuvo también Santiago Uribe y Álvaro Uribe, que era gobernador cuando eso'', dijo el testigo. Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.
Según el declarante, Alvaro Uribe "fue invitado por Carlos Castaño'' a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes. En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.
En su pugilato con la Corte Suprema hay que recordar el incidente que entabló en octubre pasado cuando acusó al magistrado auxiliar Iván Velásquez de tratar de sobornar a un delincuente preso en Itaguí, Antioquia, para que a cambio de beneficios judiciales, declarara contra el presidente.
La Corte en pleno respaldó a su magistrado y acusó a Uribe de obstruir la justicia. El pleito aun sigue y deberán responder las partes a la justicia, incluido el propio presidente acusador.
Y volviendo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Uribe también deberá responder ante la demanda entablada el 8 de marzo de 2007 por el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, por “traición a la patria” y “traición diplomática”. El senador Robledo, en la oposición, explicó que su denuncia se basa en los artículos 455 y 457 del Código Penal que habla de estos delitos y a raíz de la firma, auspiciada por el gobierno, del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
Según Robledo, el primero de los artículos, el 455, describe que la "traición a la patria" la comete aquel que menoscabe la soberanía nacional y que "realice actos que tiendan a someterla en todo o en parte al dominio extranjero o a afectar su naturaleza de estado soberano". "Creo que es evidente que el TLC somete la soberanía en todo o en parte al dominio extranjero (de Estados Unidos) y afecta su naturaleza de estado soberano. De acuerdo con eso da prisión de 20 a 30 años", dijo Robledo.
Como se ve, en la Casa de Nariño no habrá respiro por mucho tiempo tratando de sacar a su inquilino de tanto enredo judicial en los que se mete, gracia a su consabida dosis de buscapleitos. Por lo pronto el que más lo va a trasnochar será el de Yidis Medina.
Más de cuatro horas y media le tomó la presentación ante su juez natural. Un tiempo valioso para cualquier presidente de una nación respetable que en lugar de andar en enredos judiciales dedica toda su actividad a las funciones propias de su cargo.
Pero no. Nuestro presidente prefiere cazar entuertos, incluso contra las altas cortes. Y da risa que tres horas de la audiencia las dedicara a dar cátedra acerca de la división de poderes en Colombia. Un personaje que precisamente se destaca por violentar dicha separación como lo muestra la malévola propuesta de crear una supercorte para judicializar a los parlamentarios enredados en la parapolítica y a él mismo, como insólitamente le propuso al país, por todos los canales en horario triple A, el domingo 27, burlando la constitución nacional.
Para no hablar de todos sus ataques a la majestad de la Corte Suprema, exigiéndole “objetividad en sus análisis” preocupado con razón, porque esta ya ha mandado a la cárcel a 31 congresistas, y tiene investigados a otros 31, todos amigos del presidente, y quienes le hicieron campaña en 2006 para su reelección.
Según El Espectador del martes 29, el presidente le manifestó al representante investigador, Carlos Chavarro, que no podía dejar pasar por alto una injuria o calumnia como la del ex presidente de la Corte Suprema. Éste había declarado a los medios hace unos meses que Uribe lo había llamado para indagar por el proceso que se le seguía a su primo Mario Uribe, hoy tras las rejas acusado por la Corte por sus lazos con el paramilitarismo.
Con valor civil el magistrado, a través de su apoderado el abogado Ramiro Bejarano, declaró antes de la audiencia que no iba a conciliar y que se mantenía en su denuncia. De manera que el presidente no tendrá más remedio que enfrentar un largo proceso en su contra.
Y claro, no podían faltar las declaraciones de omnipotente salvador de los males de la República a que nos tiene acostumbrados soltando perlas como esta al salir de la Cámara de Representantes: “Lo mejor para la Comisión de Acusaciones es que yo asistiera personalmente a la misma diligencia judicial, porque en la opinión pública esta célula legislativa tiene una imagen vilipendiada".
Ahora en adelante veremos a un Uribe afanoso acudiendo a cuanto organismo desprestigiado del país para rescatarle su alma corrupta y darle así una segunda oportunidad sobre la tierra.
Muy pronto le tocará volver a la misma célula cameral para responder a la demanda que entabló, en la misma aciaga mañana presidencial, el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda por cohecho, esa rara figura que como en el tango para que funcione, necesita dos: el que soborna y el que se deja sobornar.
Como el país bien sabe, la ex- representante a la Cámara, Yidis Medina, denunció el ofrecimiento de beneficios por parte de altos funcionarios del Gobierno para que votara a favor de la reelección de Uribe y cuyo voto en la comisión primera de la Cámara de representantes fue decisivo en 2005 para cambiar el “articulito” de la Constitución.
Según el senador Avellaneda en un candente debate el 29 de abril en el senado, donde defendió a nombre del Polo a la Corte, y señaló a Uribe como el pater corruptus, Yidis Medina tiene pruebas magnetofónicas de los sobornos de que fue objeto por parte de altos funcionarios del gobierno de Uribe. De ser cierta semejante revelación no hay duda que el anillo que hoy atenaza a Uribe de acusaciones de corrupción terminará cerrándose.
Y como si esto fuera poco, es posible que por algún lado le venga la formulación de cargos tras las acusaciones de un ex paramilitar, preso hoy en Medellín, quien sostiene que agentes de la fuerza pública de la gobernación de Antioquia, que ejercía Uribe, ayudaron a los paramilitares en el ataque al caserío de El Aro, nordeste antioqueño, el 25 de octubre de 1997 que dejó un saldo de 15 campesinos muertos "en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento'', según el fallo, de 160 páginas conocido por el diario norteamericano El Nuevo Herald.
Según el bien informado Nuevo Herald de Miami, en su edición del domingo 27 de abril, el ex paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero pasado, que el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron de alguna forma en la planeación de dicha masacre.
Uribe, sabiendo lo que se le venía, cinco días antes de la información, le dijo a la cadena Caracol que por ahí había un desmovilizado que sostiene que el presidente participó en una masacre de los paramilitares, “pero ya con mis abogados hemos podido tumbar todas las inconsistencias” en esa nueva infamia contra su prestigio.
Parte de la confesión de Villalba fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, según un extenso fallo de ese tribunal hace dos años.
El mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la gobernación del departamento de Antioquia, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente. "Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada'', expresa la sentencia del CDIH.
Pero El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.
El diario revela en una reportaje que escasamente reprodujo uno que otro medio en Colombia y ninguno de los grandes noticieros de la televisión, que"[Álvaro Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos'', declaró Villalba al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe.
La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte.
Villalba, según los documentos obtenidos por el Herald, aseguró que tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunión en una finca de un hacendado --que no identificó-- en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y los hermanos Uribe, agregó.
"Estuvo también Santiago Uribe y Álvaro Uribe, que era gobernador cuando eso'', dijo el testigo. Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.
Según el declarante, Alvaro Uribe "fue invitado por Carlos Castaño'' a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes. En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.
En su pugilato con la Corte Suprema hay que recordar el incidente que entabló en octubre pasado cuando acusó al magistrado auxiliar Iván Velásquez de tratar de sobornar a un delincuente preso en Itaguí, Antioquia, para que a cambio de beneficios judiciales, declarara contra el presidente.
La Corte en pleno respaldó a su magistrado y acusó a Uribe de obstruir la justicia. El pleito aun sigue y deberán responder las partes a la justicia, incluido el propio presidente acusador.
Y volviendo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Uribe también deberá responder ante la demanda entablada el 8 de marzo de 2007 por el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, por “traición a la patria” y “traición diplomática”. El senador Robledo, en la oposición, explicó que su denuncia se basa en los artículos 455 y 457 del Código Penal que habla de estos delitos y a raíz de la firma, auspiciada por el gobierno, del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
Según Robledo, el primero de los artículos, el 455, describe que la "traición a la patria" la comete aquel que menoscabe la soberanía nacional y que "realice actos que tiendan a someterla en todo o en parte al dominio extranjero o a afectar su naturaleza de estado soberano". "Creo que es evidente que el TLC somete la soberanía en todo o en parte al dominio extranjero (de Estados Unidos) y afecta su naturaleza de estado soberano. De acuerdo con eso da prisión de 20 a 30 años", dijo Robledo.
Como se ve, en la Casa de Nariño no habrá respiro por mucho tiempo tratando de sacar a su inquilino de tanto enredo judicial en los que se mete, gracia a su consabida dosis de buscapleitos. Por lo pronto el que más lo va a trasnochar será el de Yidis Medina.
Roberto Romero.
